La Vigente Ley de Contratación con las Administraciones Públicas exige la presentación de un aval bancario o de un seguro de Caución que garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por aquellas personas físicas o jurídicas que liciten o contraten con la Administración.

Se trata del sustitutivo perfecto al tradicional aval bancario. Mediante él,  el tomador puede garantizar sus obligaciones frente a terceros. Sus posibilidades de aplicación son muy amplias ya que de cualquier contrato se desprenden obligaciones de diferentes tipos y que son susceptibles de ser cubiertas por este seguro.